La subsede de la Procuraduría General de la República (PGR) presentó ante la prensa a siete de las ocho personas detenidas el pasado lunes, cuando se enfrentaron presuntos narcotraficantes y militares. En tanto, familiares y amigos aseguraron que se cometió una grave injusticia, porque nada tienen qué ver con la delincuencia organizada, incluso dos de ellos son adultos mayores y enfermos. Asimismo, en el transcurso de la mañana alrededor de 100 elementos de la 43 Zona Militar, realizaron más de 10 cateos a casas habitación y comercios.
Las autoridades de esta corporación policiaca federal no permitieron que los reporteros hablaran con los detenidos, sólo Alejandro Juvenal Guzmán Suastegui, mostró a los fotógrafos y camarógrafos el tórax, donde recibió severos golpes de los soldados, tanto en la sede militar como en el trayecto a las instalaciones de la PGR.
Tras la balacera de la colonia Hidalgo en la que perdieron la vida tres hombres y una mujer, fueron detenidos los vecinos de los presuntos delincuentes, quienes fueron trasladados a la Zona Militar y posteriormente a la PGR, 15 horas después de transcurridos los hechos.
A Bernardo Arroyo López, jubilado de 65 años y enfermo de diabetes, lo detuvieron sin ninguna explicación. Apenas si se podía sostener, en el momento que lo sacaron de los separos para que le tomaran la foto con los números de la averiguación previa. Muy desencajado se le veía, por eso sus amigas integrantes de un club de la tercera edad, estaban preocupadas por él.
Sacaron de las celdas a cada uno de los detenidos, hacia un pasillo donde estaban fotógrafos y camarógrafos. Momentos antes de que saliera de los separos, el esposo y los hermanos de la señora Teresa Valencia González estaban indignados, porque no es posible que la madre de 12 hijos, “que tienen que cuidar chivas para sacar adelante a su familia fuera humillada de esa manera”. Nervioso, el esposo preguntaba cuál era la dirección de las oficinas locales de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
El hermano de la señora Valencia, aunque más calmado, comentó que está bien lo que está haciendo el gobierno, pero no tiene por qué afectar a la gente inocente. “Nos dijeron que estaban en calidad de protegidos, y ahora resulta que ni siquiera podemos hablar con ella hasta después de 48 horas una vez que atestigüe”. Uno de los agentes que atiende el lugar, trataba de convencerlos: “no se preocupen, aquí los tratamos bien, no como los militares que sí los golpean”.
Sin zapatos, tan sólo con calcetines y la moral por debajo, presentaron a Raúl Zepeda Cárdenas, de 55 años, quien desde hace seis años atiende la estación de radio taxis, en la esquina de Insurgentes y Fray Melchor de Talamantes, a dos casas de donde se registró el enfrentamiento; para algunos fue detenido porque le encontraron un arma. El taxista José Antonio Salcedo Toledo, acompañado de dos compañeros, comentó que el señor Raúl padece asma y está enfermo de la columna, además que siempre ha sido dedicado a su trabajo. “El nunca ha llevado consigo ninguna pistola, ni siquiera una lima para las uñas. Es una persona de bien. Los militares deben de responder qué hicieron con el equipo de radiocomunicación que se llevaron, y que tiene un valor superior a los 10 mil pesos”.
Lo último que les comentó don Raúl a través de la radio, el pasado lunes a las 10 horas aproximadamente, es que no se acercaran porque había balazos, y que él mejor se iba a esconder.
Gustavo Orozco Villegas es el más joven de los detenidos, de 21 años de edad. Llegó a rentar un cuarto muy cerca de donde vivían los presuntos narcos. Llegó con su esposa y un hijo de meses. Dicen los vecinos que su único pecado fue decir que era de Huetamo. Hasta el mediodía todavía no llegaban sus familiares a la estación de la PGR.
De Isaías Suastegui Ponce y Miguel Valerio Durán nada se supo del por qué de su detención. De igual forma en la lista de los detenidos se encuentra Martín Coria Rivas, quien por alguna razón no fue presentado a la prensa.
Cabe señalar que en un comunicado de prensa, la PGR indicó que los militares les informaron que las ocho personas fueron detenidas, después que explotó una granada dentro de la casa marcada con el número 147, de la calle Fray Miguel de Talamantes. “Salieron corriendo de la misma, así como de diversos lugares, tanto de la calle donde se ocultaban tras parapetos propios del lugar (como vehículos, árboles, etc.) y de otros domicilios, por lo que tratamos de darles alcance, pidiéndoles que se detuvieran. En la persecución se logró detener a siete personas del sexo masculino y una del femenino por sus probable participación en los hechos”.
Al mediodía, en el lugar donde se dio el enfrentamiento, permanecían dos patrullas municipales que vigilaban la zona acordonada. Frente a la casa, cinco mujeres jóvenes lloraban inconsolablemente, se referían a Claudia Alejandra Cortés Reyes, quien murió en la balacera, y entre sollozos, una de ellas dijo: “Y cómo iban a poder con tantos soldados”. Después de dos minutos, se subieron a un auto y abandonaron el lugar.
Quejas de los detenidos
El visitador regional de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Erick Alejandro González Cárdenas, informó que entre el lunes y el martes presentaron cinco quejas en contra de los militares. La 124-2007 la firmó ayer Rocío Zepeda Maldonado, por la detención ilegal de su padre Raúl Zepeda y por no presentar la orden de cateo correspondiente.
El 7 de mayo, Salvador Patricio Toledo, presentó en la tarde una denuncia por cateo ilegal y por robo, ya que se les perdieron algunas joyas de oro de la familia. Otra queja similar fue la de Lenin de Jesús Quiroz, indicó el visitador de la CEDH. También se presentó la queja 128 por parte de los familiares de Bernardo Arroyo López, de 73 años de edad, y la 129 por parte de los familiares de Gustavo Orozco Díaz, de 21 años de edad. El visitador informó que las quejas fueron remitidas a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), por ser autoridades federales, las acusadas de violar sus derechos humanos.
Las autoridades de esta corporación policiaca federal no permitieron que los reporteros hablaran con los detenidos, sólo Alejandro Juvenal Guzmán Suastegui, mostró a los fotógrafos y camarógrafos el tórax, donde recibió severos golpes de los soldados, tanto en la sede militar como en el trayecto a las instalaciones de la PGR.
Tras la balacera de la colonia Hidalgo en la que perdieron la vida tres hombres y una mujer, fueron detenidos los vecinos de los presuntos delincuentes, quienes fueron trasladados a la Zona Militar y posteriormente a la PGR, 15 horas después de transcurridos los hechos.
A Bernardo Arroyo López, jubilado de 65 años y enfermo de diabetes, lo detuvieron sin ninguna explicación. Apenas si se podía sostener, en el momento que lo sacaron de los separos para que le tomaran la foto con los números de la averiguación previa. Muy desencajado se le veía, por eso sus amigas integrantes de un club de la tercera edad, estaban preocupadas por él.
Sacaron de las celdas a cada uno de los detenidos, hacia un pasillo donde estaban fotógrafos y camarógrafos. Momentos antes de que saliera de los separos, el esposo y los hermanos de la señora Teresa Valencia González estaban indignados, porque no es posible que la madre de 12 hijos, “que tienen que cuidar chivas para sacar adelante a su familia fuera humillada de esa manera”. Nervioso, el esposo preguntaba cuál era la dirección de las oficinas locales de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
El hermano de la señora Valencia, aunque más calmado, comentó que está bien lo que está haciendo el gobierno, pero no tiene por qué afectar a la gente inocente. “Nos dijeron que estaban en calidad de protegidos, y ahora resulta que ni siquiera podemos hablar con ella hasta después de 48 horas una vez que atestigüe”. Uno de los agentes que atiende el lugar, trataba de convencerlos: “no se preocupen, aquí los tratamos bien, no como los militares que sí los golpean”.
Sin zapatos, tan sólo con calcetines y la moral por debajo, presentaron a Raúl Zepeda Cárdenas, de 55 años, quien desde hace seis años atiende la estación de radio taxis, en la esquina de Insurgentes y Fray Melchor de Talamantes, a dos casas de donde se registró el enfrentamiento; para algunos fue detenido porque le encontraron un arma. El taxista José Antonio Salcedo Toledo, acompañado de dos compañeros, comentó que el señor Raúl padece asma y está enfermo de la columna, además que siempre ha sido dedicado a su trabajo. “El nunca ha llevado consigo ninguna pistola, ni siquiera una lima para las uñas. Es una persona de bien. Los militares deben de responder qué hicieron con el equipo de radiocomunicación que se llevaron, y que tiene un valor superior a los 10 mil pesos”.
Lo último que les comentó don Raúl a través de la radio, el pasado lunes a las 10 horas aproximadamente, es que no se acercaran porque había balazos, y que él mejor se iba a esconder.
Gustavo Orozco Villegas es el más joven de los detenidos, de 21 años de edad. Llegó a rentar un cuarto muy cerca de donde vivían los presuntos narcos. Llegó con su esposa y un hijo de meses. Dicen los vecinos que su único pecado fue decir que era de Huetamo. Hasta el mediodía todavía no llegaban sus familiares a la estación de la PGR.
De Isaías Suastegui Ponce y Miguel Valerio Durán nada se supo del por qué de su detención. De igual forma en la lista de los detenidos se encuentra Martín Coria Rivas, quien por alguna razón no fue presentado a la prensa.
Cabe señalar que en un comunicado de prensa, la PGR indicó que los militares les informaron que las ocho personas fueron detenidas, después que explotó una granada dentro de la casa marcada con el número 147, de la calle Fray Miguel de Talamantes. “Salieron corriendo de la misma, así como de diversos lugares, tanto de la calle donde se ocultaban tras parapetos propios del lugar (como vehículos, árboles, etc.) y de otros domicilios, por lo que tratamos de darles alcance, pidiéndoles que se detuvieran. En la persecución se logró detener a siete personas del sexo masculino y una del femenino por sus probable participación en los hechos”.
Al mediodía, en el lugar donde se dio el enfrentamiento, permanecían dos patrullas municipales que vigilaban la zona acordonada. Frente a la casa, cinco mujeres jóvenes lloraban inconsolablemente, se referían a Claudia Alejandra Cortés Reyes, quien murió en la balacera, y entre sollozos, una de ellas dijo: “Y cómo iban a poder con tantos soldados”. Después de dos minutos, se subieron a un auto y abandonaron el lugar.
Quejas de los detenidos
El visitador regional de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Erick Alejandro González Cárdenas, informó que entre el lunes y el martes presentaron cinco quejas en contra de los militares. La 124-2007 la firmó ayer Rocío Zepeda Maldonado, por la detención ilegal de su padre Raúl Zepeda y por no presentar la orden de cateo correspondiente.
El 7 de mayo, Salvador Patricio Toledo, presentó en la tarde una denuncia por cateo ilegal y por robo, ya que se les perdieron algunas joyas de oro de la familia. Otra queja similar fue la de Lenin de Jesús Quiroz, indicó el visitador de la CEDH. También se presentó la queja 128 por parte de los familiares de Bernardo Arroyo López, de 73 años de edad, y la 129 por parte de los familiares de Gustavo Orozco Díaz, de 21 años de edad. El visitador informó que las quejas fueron remitidas a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), por ser autoridades federales, las acusadas de violar sus derechos humanos.
